América Latina reacciona a la confirmación de la condena contra Cristina Fernández

Líderes y organizaciones de América Latina se pronunciaron este martes tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia argentina de ratificar la sentencia a seis años de prisión por corrupción contra la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

"Una vez más se utiliza la justicia con motivaciones políticas como instrumento de la derecha contra referentes progresistas de la región", deploró el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Con la decisión unánime de tres jueces, Fernández quedó inhabilitada de forma perpetua, tan solo una semana después de que confirmara su intención de postular a diputada en las venideras elecciones de la provincia de Buenos Aires.

También el presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó su respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras conocerse la decisión de la Corte. "Desde Bolivia expresamos nuestro firme apoyo y solidaridad con la hermana Cristina Fernández, frente a un evidente uso de la justicia como herramienta para socavar las fuerzas de izquierda y del campo nacional popular", escribió Arce en su cuenta oficial de X.

El mandatario boliviano también extendió su mensaje al conjunto del país: "Reafirmamos nuestro respaldo a la soberanía y a la dignidad del hermano pueblo argentino", concluyó. 

Por su parte, el exdignatario de Bolivia, Evo Morales, tildó de "injusta" la sentencia. "No es otra cosa que persecución política para proscribir a una lideresa del pueblo", indicó.

En tanto, el Gobierno de Venezuela denunció en un comunicado un "golpe político y judicial" contra la expresidenta, "líder histórica del peronismo, de la oposición y del pueblo argentino, víctima hoy de una persecución brutal, impulsada desde un poder judicial subordinado al proyecto autoritario de Javier Milei".

Desde España dirigentes del partido Podemos también criticaron la acción judicial. La eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, llamó a las "fuerzas democráticas del mundo" a respaldarla. "La condena a Cristina Fernández es golpismo: guerra sucia judicial y mediática para que, golpeando a una, todo un pueblo renuncie a una vida con derechos", dijo.

Por su parte, el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud) denunciaron "frontalmente el riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política".

"Ningún tribunal y mucho menos la Corte Suprema puede guiarse por criterios políticos e ideológicos y de hacerlo, como puede acontecer en este caso, se eliminaría la separación de poderes y el derecho a ser elegido", señalaron.

El pronunciamiento está avalado por los expresidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Ecuador, Rafael Correa; de Colombia, Ernesto Samper; de España, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otras figuras hispanoamericanas, como el nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Mientras que la Internacional Progresista (IP) instó a "todos los aliados internacionales de la democracia a alzarse contra este extraordinario acto de 'lawfare' como una amenaza existencial a la democracia en Argentina, en toda América Latina y en todo el mundo".

"Venganza del poder"

El abogado de la también exvicepresidenta, Gregorio Dalbon, enfatizó que "con toda claridad jurídica no existe ningún acto típico, antijurídico ni culpable atribuido a Cristina Fernández de Kirchner".

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Ahora la lideresa de la oposición argentina tiene cinco días hábiles para presentarse ante los tribunales. Como tiene 72 años, puede solicitar arresto domiciliario.

"Esta no es una condena. Es una venganza del poder (…). No hay prueba directa, ni indirecta. No hay dolo, no hay beneficio personal, no hay participación alguna. Ni siquiera hay una descripción clara del hecho punible. La sentencia se basa en conjeturas, inferencias y un relato armado fuera del expediente. Es una construcción artificial que ignora el principio de legalidad y viola de manera flagrante todas las garantías del debido proceso", agregó Dalbon.

En este sentido, Dalbon anunció que acudirán tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional.